El Gobierno abre otra reforma de pensiones

El Gobierno insistía hasta ahora en que no tenía en agenda una gran reforma de las pensiones. Decía que se limitaría a aplicar la que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 —con el voto en contra del PP— y que entra en vigor el 1 de enero. Sin embargo, el presidente, Mariano Rajoy, dio un pequeño giro ayer y planteó que “a principios de año” llevará “un debate abierto al Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

El Gobierno plantea así una nueva reforma, aunque aún no está claro su contenido y alcance, cuando está entrando en vigor la última, que generó un intenso debate social —con el rechazo del PP—, aunque finalmente se alcanzó un pacto entre el Gobierno, patronal y sindicatos. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó ayer, de forma imprevista, un decreto ley que suspende la aplicación de la reforma de Zapatero en lo que se refiere a jubilación anticipada y parcial, dos asuntos clave. De momento, sigue en vigor la ley anterior en este aspecto, aunque el resto de la reforma, sobre todo la parte que amplía gradualmente la edad de jubilación de 65 a 67 años y los años para el cómputo de la pensión de 15 a 25 sí entra en vigor, con un decreto que también se aprobó ayer.

Los artículos suspendidos en la ley de reforma de pensiones que entra en vigor el martes establecen la edad mínima de 61 años para las jubilaciones anticipadas forzosas y los 63 para las voluntarias. El Gobierno propuso en noviembre que esos mínimos se ampliaran a 63 y 65 años, respectivamente. Empleo aclaró ayer que está dispuesto a que esos cambios se realicen de manera progresiva. Hasta que haya un acuerdo, se aplican las condiciones actuales, es decir, como norma general puede acceder a una jubilación anticipada un trabajador con 30 años cotizados que lleve seis meses en el paro.

Este retraso de tres meses en la aplicación de la reforma de Zapatero tiene una explicación política. El Gobierno se da ese plazo para buscar un pacto especialmente con el PSOE, pero también con los sindicatos. Sin embargo, no parece fácil, ya que las centrales no quieren, como pretende el Ejecutivo, eliminar prácticamente la posibilidad de las jubilaciones anticipadas, algo básico en las negociaciones de los despidos en las grandes empresas. Y el PSOE, según explicó su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, no pactará nada que no tenga el acuerdo de los sindicatos.

Si ese pacto no llega, explicaron fuentes del Ejecutivo tras la rueda de prensa de Rajoy, el Gobierno legislará y planteará su propia reforma sobre las pensiones a través de un decreto ley, algo que está ya encima de la mesa del presidente del Gobierno. Tanto, que se discutió esta misma semana en la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, en la que se decidió elaborar el decreto que desarrolla la reforma de Zapatero. En principio, lo que tiene más trabajado el Ejecutivo es esta parte de las jubilaciones anticipadas y las parciales, para endurecerlas muchísimo —“si en tres meses no hay acuerdo, tenemos el compromiso con el Consejo Europeo de adoptar decisiones en materia de jubilaciones anticipadas y parciales”, aseguraron fuentes de Empleo—, pero la forma en la que planteó ayer Rajoy ese “debate” abre la posibilidad de que los retoques sean más de fondo.

El Gobierno tiene mucha presión empresarial y europea para que adelante la entrada en vigor de los 67 años, que la ley de Zapatero fija en 2027. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y otros miembros del Ejecutivo se resisten a esa decisión, que supondría una nueva guerra abierta con los sindicatos. Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo, como Luis de Guindos, son más favorables, y en la Unión Europea lo verían con buenos ojos.

El debate interno está abierto y Rajoy se da un poco más de tiempo, tres meses, para resolver esas dudas. Lo que sí dejó claro el presidente es que en cualquier caso no se está planteando elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Pero dibujó un panorama muy complicado del sistema de pensiones, utilizando en todo momento la palabra “sostenibilidad”, dando a entender que la situación actual no es sostenible.

“Hay 17 millones de personas en la Seguridad Social que están pagando las pensiones de nueve millones de personas. Lo que queremos es que no se jubilen a los 54, a los 58, a los 60 o a los 62. Lo necesitamos y es lo justo”, aseguró el presidente.

Poco después insistió aún con más claridad, reforzando esa idea de la reforma. “Queremos abrir un debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. Este es un tema vital porque suponen más del 25% del gasto total del Estado. En 2009 y 2010, solo el 50% de las personas que se jubilaron tenían 65 años. Hemos hecho una propuesta, que está en el Pacto de Toledo, y a partir de ahí abriremos el debate sobre la sostenibilidad”. En cualquier caso, aclaró que intentará ser suave. “Si una hay prioridad básica para mí, ya lo he dicho, son los pensionistas, porque son las personas que tienen menos posibilidad de defenderse. Por eso, aunque no hemos regularizado las pensiones este año, hemos subido el 2% al 67% de los pensionistas, que están por debajo de 1.000 euros. Es la única partida que sube”, remató.

Miriam tiene un golpe en la cabeza y murió tras varios días cautiva

Jonathan Moya González, el presunto asesino de Miriam, la niña de 16 meses hallada muerta la noche del jueves en el fondo de una balsa de riego en medio de un almendral de Abrucena (Almería), aseguró el pasado jueves a la Guardia Civil que intentó hacerla desaparecer después de que la niña se le muriera. Sin embargo, la autopsia preliminar, realizada en la mañana de este viernes en el Instituto de Medicina Legal de Almería, indica que la muerte del bebé fue mucho más violenta. Tras examinar el cadáver, los forenses descubrieron que tenía un fuerte golpe en la cabeza y que esa lesión se produjo antes de que la niña fuera lanzada a la charca donde la encontraron.

El informe, según fuentes de la investigación, no indica si ese golpe fue la causa del fallecimiento. Hasta el momento también se desconoce si esa lesión fue originada por una piedra o por un objeto contundente y si fue propinada a propósito por el presunto asesino, detenido a primera hora de la tarde del jueves. Lo que los forenses saben con seguridad es que la niña no murió ahogada y que el cuerpo presentaba un traumatismo craneal. Debido al tiempo que el cadáver pasó en el agua, no se ha podido determinar con absoluta seguridad el momento del fallecimiento, pero sí se ha establecido un margen. Miriam murió entre el pasado lunes y el miércoles. Habrá que esperar a los resultados de las pruebas histopatológicas que se realizarán ahora —y que tardarán, según fuentes forenses, unos dos meses— para lograr mayor precisión.

En las pocas horas transcurridas desde que fuera detenido pasadas las cuatro del pasado jueves en el cortijo de su familia —llamado Torre de Marfil y situado en el Camino Real de Abrucena—, Jonathan ha mantenido varias versiones sobre el paradero de la niña. En primer lugar, aseguró a los agentes que se la había entregado a un amigo y que este se la había llevado a Sevilla. Pero tras largas horas de interrogatorio, el presunto asesino se derrumbó ante los agentes. Aseguró que murió accidentalmente mientras la tuvo secuestrada. Y que después la tiró a la balsa. Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil que acudieron a buscarla se la encontraron en el fondo. Estaba envuelta en una bolsa con varias piedras dentro para impedir que flotara.

Además de a Jonathan Moya, los agentes también detuvieron el jueves en Almería a Raúl Ríos Fortes. Se trata de un amigo del presunto asesino que, según aseguró su padre, fue interrogado en varias ocasiones por los investigadores tras la desaparición de Miriam y su secuestrador hace ocho días, después de que este último dejara tirada a su madre, Gemma Cuerda, en medio de la carretera entre los municipios de Gérgal y Nacimiento el pasado 20 de diciembre. Los agentes investigan si Raúl, que trabaja como portero de discoteca, pudo actuar como cómplice o cooperador necesario de Jonathan. El presunto asesino, que tenía intervenido el teléfono, lo llamó para ofrecerle “un trabajito de 50.000 euros”. Fue así como llegaron hasta él.

Tras la denuncia de la madre de Miriam, presentada el día 20, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda, pero no se logró dar con él hasta el jueves. Fuentes de la investigación apuntan como causa el buen conocimiento del terreno que tiene el presunto asesino y secuestrador. Los vecinos del cortijo en el que fue detenido avisaron a las tres de la madrugada del pasado día 26 de que habían visto una puerta abierta y una luz en la vivienda, pero cuando los agentes acudieron al lugar ya no estaba allí. Lo que sí encontraron fue unos pañales tirados junto a una ermita cercana que les hizo sospechar que se encontraba cerca. Al final, fue su teléfono móvil lo que le delató. Lo que indicó su posición.

Resta por conocer el móvil del secuestro y posible asesinato. Fuentes de la investigación aseguran que pudo mantener una discusión con Gemma, la madre del bebé, con la que mantenía una relación sentimental tras haberla conocido por internet y haberla visitado en Palma del Condado (Huelva), su lugar de residencia. Sus vecinos no entienden cómo este joven de 25 años, conocido en el pueblo por sus múltiples robos y engaños, pudo llegar a hacer algo así. “Sabíamos que era un prenda, un fanfarrón que siempre andaba metido en líos, pero nosotros, que lo hemos visto crecer desde que era un chaval, no nos podíamos imaginar que acabara haciendo algo tan grave”, asegura la propietaria de un cortijo cercano.

Jonathan estuvo en prisión el pasado junio por 12 delitos de estafa. Se hacía pasar por agente de policía para sustraer motos y coches que después vendía. Contactaba con sus víctimas —personas interesadas en vender su vehículo— por internet. Después se ganaba su confianza, les enseñaba la supuesta placa, les pedía el coche o la moto y huía con ellos. Su vecina recuerda cómo un día apareció en el cortijo vestido de uniforme. “Fantaseaba con la idea de que era un agente. Incluso nos dijo que cuando quisiéramos nos daba una vuelta en un coche policial”, asegura.

La madre de la víctima viajó hacia Palma del Condado (Huelva) a las ocho de la tarde. Desde la desaparición de Miriam, Gema Cuerda, de 33 años y con tres hijos más, estuvo alojada en un centro de acogida de Almería. Por la tarde, poco antes de las seis, llegó en taxi al Instituto de Medicina Legal, donde se había realizado la autopsia, junto al coche fúnebre que luego conduciría los restos mortales de su hija. La acompañaba su madre. Visiblemente afectada, vestida de negro, entró para ver el cuerpo de su hija e identificar el cadáver.

Al mismo tiempo, en Fiñana, decenas de vecinos encabezados por su alcalde, Rafael Montes, se congregaron en la plaza del Ayuntamiento en una concentración silenciosa.

Todos colocaron velas junto a la fuente situada en el centro. Al lado, una niña sostenía una pancarta escrita con rotulador. Decía: “¡Justicia! Fiñana está contigo, Miriam”.

El promotor de la fiesta del Madrid Arena, libre tras pagar la fianza

A las 17.42 y escoltado por dos guardias civiles y su abogado. Así salió el promotor de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena y dueño de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, este viernes de los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid. Antes había depositado una fianza de 200.000 euros, la que le había impuesto el titular del juzgado de instrucción número 51, Eduardo López Palop. De esa manera ponía fin a su detención, que duró algo más de 24 horas.

Miguel Ángel Flores fue detenido a primera hora de la tarde del jueves por agentes del Grupo V de Homicidios. Cumplían una orden del juez López Palop, que se había reunido por la mañana con abogados de las familias de las cinco jóvenes fallecidas en el Madrid Arena por aplastamiento. El empresario entró en los juzgados pasadas las nueve de la mañana, de este viernes, tras ser conducido desde el Registro Central de Detenidos, con sede en Moratalaz. La vistilla prevista por el magistrado se retrasó cerca de hora y media, ya que la fiscal del caso estaba indispuesta y fue preciso hallar a otro fiscal que la sustituyera.

Según explicaron los letrados a la salida, la declaración duró unas cuatro horas, ya que Flores respondió a las preguntas del juez, del fiscal sustituto y de los 10 abogados de las diversas partes. Según esta versión, el empresario se mantuvo en su declaración inicial, tanto la que ofreció en un primer instante como testigo ante los agentes de Homicidios, como la de imputado ya en el juzgado número 51.

Según Flores, la responsabilidad de las cinco muertes corresponde al Ayuntamiento de Madrid, a la empresa pública Madrid Espacios y Congresos (Madridec) y a la compañía contratada por esta para la seguridad, Seguriber. “Durante todo el interrogatorio se ha exonerado de toda la responsabilidad. Ha echado balones fuera, pese a que ha hecho una declaración plagada de contradicciones”, remarcó Abdón Núñez, uno de los letrados de las familias.

Uno de los puntos que causaron más controversia durante la declaración fue un vídeo difundido por El Mundo, en el que supuestamente se ve al empresario delante de las ocho urnas que contenían las entradas. Él siempre negó que supiera nada del destino de los tiques. Los ocho recipientes cerrados fueron hallados 16 días después de la tragedia, ocurrida la madrugada del 1 de noviembre, en el edificio satélite, anexo al Madrid Arena.

Flores mantuvo este viernes que él nunca había visto esas urnas y que su contenido había sido manipulado. Afirmó que alguien había introducido más entradas, lo que habría permitido llegar hasta el número final que recontaron el juez, la policía y las partes a finales de noviembre. Este arrojó la cifra total de 16.791 tiques, lo que suponía un 58% más del aforo máximo de 10.600 del pabellón municipal. “Ha llegado a decir que incluso en las que estaban cerradas por un candado metieron más tiques por las rendijas”, destacó la abogada Virginia López Negrete.

Para liar aún más la cuestión, Flores dijo que aún faltaban al menos otras ocho urnas, que presuntamente se llevó él. Lo que no aclaró, según los letrados, es qué contenían y dónde se encuentran en la actualidad.

También acusó a la empresa Seguriber de ser la responsable de permitir un botellón en el que participaron más de 3.000 jóvenes, los que supuestamente se colaron cuando estaba actuando el dj Steve Aoki.

Flores tampoco sabía a qué hora llegó el médico responsable de la enfermería, el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals. Aseguró, según la versión de los letrados, que de esos trámites se encarga su secretaria.

Tras concluir el interrogatorio, el fiscal sustituto solo pidió que se mantuvieran las medidas cautelares que había contra Flores: firmar los días 8 y 22 en el juzgado y entregar el pasaporte para evitar que pudiera marcharse de España. El empresario mantuvo que solo tenía un pasaporte, pese a que algunas fuentes apuntaban a que disponía de dos, por tener doble nacionalidad.

Las acusaciones fueron mucho más beligerantes. Pidieron al magistrado que el dueño de Diviertt ingresara en prisión provisional comunicada y sin fianza debido a que existe riesgo de fuga, además de la posibilidad de que destruya o altere algunas pruebas de la tragedia en el Madrid Arena. El magistrado López Palop decretó pasadas las tres de la tarde de este viernes el ingreso en prisión, eludible con el pago de 200.000 euros de fianza.

Los abogados de las familias se mostraron indignados por la decisión del magistrado. “Al juez le ha quedado muy claro que hay una posibilidad de evasión de la justicia y que Flores se puede marchar en cualquier momento”, criticó Felipe Moreno, otro de los abogados de las familias de las víctimas.

Estados Unidos se precipita hacia la recesión

El Congreso de Estados Unidos, paralizado y dividido, se muestra incapaz de sacar adelante un acuerdo que evite el abismo fiscal, y el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, ha advertido que Estados Unidos “está abocado” a una masiva subida de impuestos y recortes de gastos a partir del 1 de enero. Aún quedan cuatro días para impedirlo, pero el pesimismo se ha instalado en Washington ante la resistencia de ambos partidos a ceder en sus posiciones ideológicas sobre las prioridades presupuestarias y la reducción del déficit. Este viernes, el presidente de EE UU se reunirá con los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes para intentar llegar a un acuerdo in extremis.

Certificando ese pesimismo, Reid ha utilizado esta mañana la tribuna del Senado para afirmar que, a menos que los republicanos acepten la propuesta original de los demócratas, que incluye una subida de impuestos para los ingresos superiores a los 250.000 dólares anuales, el abismo fiscal será inevitable. Las posibilidades de que la oposición acepte esas condiciones son mínimas, por no decir nulas. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, ni siquiera se ha reunido todavía, y su líder, John Boehner, prosigue sus vacaciones en Ohio, desde donde esta noche piensa mantener una conversación telefónica con sus compañeros de partido para decidir el siguiente paso. Previamente, se ha advertido, no obstante, que la Cámara no actuará hasta que no lo haga el Senado.

Barack Obama sí está en Washington, pero su capacidad de maniobra es mínima. El miércoles, antes de salir de Hawai, habló por teléfono con los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras, pero ningún progreso se obtuvo en esas conversaciones. En sus manos están, sin embargo, las últimas esperanzas de encontrarle una salida a esta situación.

La Casa Blanca considera la posibilidad de enviar hoy mismo una nueva propuesta legislativa que pudiera ser aprobada por el Congreso antes del día 1, pero es difícil imaginar qué texto podría en estos momentos evitar el obstruccionismo del Partido Republicano en el Senado y reunir suficiente número de votos para pasar en las dos cámaras. Los republicanos se oponen a cualquier subida de impuestos. Los demócratas y el presidente se niegan a recortar gastos sociales sin subir los impuestos a los más ricos. ¿Cómo se sale de ahí? Obviamente, con concesiones. ¿Quién está dispuesto a hacerlas? Por el momento nadie, o nadie en forma suficientemente generosa.

Mientras tanto, el drama continúa. La Bolsa de Nueva York seguía perdiendo y el índice Dow Jones había bajado ya del límite de los 13.000 puntos. Los inversores pronostican una fuerte caída del consumo y un retorno inevitable a la recesión si el país cae en el abismo fiscal. Cerca del 90% de la población tendrá que pagar más impuestos a partir del 1 de enero. La familia con un promedio de ingresos en torno a los 50.000 dólares anuales verá aumentar su contribución a hacienda en más de 2.000 dólares. Más de dos millones de norteamericanos perderán sus ayudas al desempleo. El paro superará el 9% en 2013.

Esto deberían de ser razones suficientes como para que la clase política actuara con responsabilidad. Pero, desafortunadamente, los incentivos puramente políticos son escasos para ambos partidos. Si el país cae en el abismo fiscal, expirarán los beneficios fiscales de la época de George W. Bush y los demócratas tendrán su subida de impuestos a los ricos. Igualmente, si eso ocurre, los republicanos tendrán los 55.000 millones de recortes en gastos sociales que ellos consideran imprescindibles. Ambos partidos podrán presumir ante su electorado de no haber cedido ante el rival. Ambos podrán decir que lo seguirán intentando en la próxima legislatura, en condiciones más favorables.

Efectivamente, el próximo curso, que se inaugura el 3 de enero, presenta mejor panorama para los actuales negociadores. Boehner, que probablemente será reelegido presidente de la Cámara de Representantes, se habrá librado de algunos de los más molestos miembros del Tea Party, derrotados el 6 de noviembre. Los demócratas tendrán una más amplia mayoría en el Senado- aunque insuficiente para evitar el filibusterismo- y mejorarán su posición en la Cámara.

Pero, incluso postergar la negociación exigiría algún tipo de acuerdo ahora, puesto que la ley del abismo fiscal entra en vigor el día 1. Cualquier apaño legislativo para salvar ese límite puede librar a los ciudadanos de algunos perjuicios, pero ya no evitará el daño que se infligiendo a la credibilidad de EE UU. El mundo no está solo preocupado, con razón, por las consecuencias de una crisis económica en este país, sino por la crisis de gobernabilidad que está evidenciando la primera potencia.

El abismo fiscal es solo una de las manifestaciones de ese problema mayor, pero existen otras. La secretaría de Hacienda ha anunciado que el próximo día 31 EE UU superará el techo de deuda aprobado por el Congreso. De momento, se ha recurrido a instrumentos provisionales que permiten extender el crédito un par de meses más. Pero en febrero o marzo, Obama requerirá de nuevo el apoyo de la mayoría de ambas cámaras para evitar que el país caiga en la suspensión de pagos, un riesgo que ya se vivió en el verano de 2011.

Son demasiadas crisis encadenadas como para no afectar al prestigio de EE UU. Obama parece consciente de que la principal responsabilidad histórica recaerá en él como presidente, y es el más dispuesto a ceder. ¿Hasta dónde?